Fiebre de dinero fácil
Colombia entró en una delicada situación de orden público tras el derrumbe de las llamadas pirámides financieras o captadoras de dinero, corporaciones de dudoso origen que prometen enormes ganancias a los ahorradores, pero que en su gran mayoría terminan por cerrar antes de brindar los frutos prometidos.
El fenómeno ya había tenido una primera oleada al comenzar el año, cuando quebraron varias empresas similares.
Hernando Ruiz, superintendente de Sociedades, reconoció que los mecanismos “para controlar el fenómeno son limitados”.
La portavoz en el Congreso del opositor partido Liberal Cecilia López, economista de profesión, dijo que se trata de “una bomba social” que recuerda lo ocurrido en Albania en 1997, donde las pirámides quebraron la economía.
Según la congresista, la cantidad de dinero comprometida en las “pirámides” demuestra que la población tiene capacidad de ahorrar, pero no confía en la banca tradicional, que en 2007 sumó 1.700 millones de dólares de utilidades.
“Va a ser una situación social muy compleja. Son riesgos que no estaban amparados por el Estado y ahora nos toca, con toda la voluntad y decisión, encontrar los mecanismos para diseñar algún apoyo a los estafados. Miraremos cómo acompañar los procesos de liquidación”, señaló Oscar Iván Zuluaga, Ministro de hacienda.
Zuluaga admitió que frente a la manera como han operado estas entidades captadoras de dinero el control de las autoridades quedó corto, y que ello obedece a que estas compañías “conocen muy bien la forma de evadir la acción del Estado”.
“Es una problemática social enorme. Son cientos de miles los que hoy se declaran estafadas. A uno le sorprende que la gente después de todo lo que se ha dicho, de la experiencia pasada, siga llevando sus recursos, entregando su plata”, lamentó el ministro.
El gobierno sospecha que detrás de las “pirámides” se esconden mecanismos de lavado de dinero del narcotráfico, por lo que el ministerio de Hacienda pidió a la Fiscalía investigar a 1.302 entidades que realizaron transacciones sospechosas por 4.390 millones de dólares.
Por su parte la Policía confiscó unos 13 millones de dólares en moneda local a una captadora ilegal de dinero, elevando a 38 millones.
“Se logró por fin abrir la bóveda donde se encontraba un dinero muy importante de esta empresa que estamos interviniendo. La cifra consideramos que podría llegar a los 30.000 millones de pesos (13 millones de dólares)”, dijo el general Orlando Páez, director de seguridad ciudadana de la Policía.
El oficial señaló que esos recursos se añaden a otros 58.000 millones de pesos (25,2 millones de dólares) decomisados en otras ciudades.
Según Páez, la ubicación de los 30.000 millones de pesos fue revelada por la gerente de la firma DRFE en Pereira, quien está bajo arresto.
El superintendente financiero, Roberto Borrás, señaló que esos fondos serán reembolsados en virtud de una resolución que expidió el órgano de control.
“Allí se prevé expresamente que se debe adoptar un procedimiento dirigido a liquidar esas operaciones realizadas de manera ilegal, lo que significa que es para devolverle a las personas los recursos que les correspondan de aquellos que han sido incautados”, indicó.
Borrás añadió que el gobierno prepara medidas para enfrentar el caos desatado por el desplome masivo de las captadoras ilegales, llamadas ‘pirámides financieras’.
La Policía asegura tener identificadas 240 de esas entidades, que según estimativos oficiales citados por la prensa manejarían unos 870 millones de dólares.
El presidente Alvaro Uribe dijo que personas a quienes no identificó le manifestaron que algunos jueces tendrían que declararse impedidos para fallar la devolución de recursos confiscados a las captadoras, sugiriendo que estarían implicados con esas firmas.
“Que hay senadores de la República con plata en esas ‘pirámides’. ¿Por qué, por qué ese ejemplo?. Es bueno también que salgan a decírselo al país”, agregó.
“Yo no sé (si hay gente del gobierno), pero puede haber plata allá del Santo Padre, vamos a intervenir eso”, sostuvo.
A raíz del caos el gobierno anunció una legislación de emergencia que incluiría un aumento de las penas de cárcel y devolución del dinero confiscado a los defraudadores.
PL